San José, 30 de mayo de 2025 / En un hecho sin precedentes en el sistema financiero costarricense, el Gobierno de la República, liderado por el presidente Rodrigo Chaves, destituyó el pasado 28 de mayo de 2025 a los siete miembros de la Junta Directiva del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), la entidad financiera más grande del país. La decisión, comunicada por el primer vicepresidente Stephan Brunner Neibig, se fundamentó en el supuesto nombramiento “irregular” y “poco transparente” de Rosaysella Ulloa Villalobos como gerente general, desatando una fuerte controversia por la falta de hallazgos en la investigación oficial, acusaciones de intervención política en la autonomía del banco, y un historial de acciones similares por parte del Ejecutivo. La juramentación de una nueva Junta Directiva interina y las declaraciones del presidente sobre un crédito polémico han intensificado las críticas.
Antecedentes del caso
La destitución se enmarca en un contexto de tensiones entre el Gobierno de Chaves y las instituciones autónomas. En 2022, el Ejecutivo destituyó a tres miembros de la Junta Directiva del Banco Popular, decisión anulada parcialmente por la Sala Constitucional en 2023 por falta de debido proceso. En marzo de 2023, un intento similar contra un directivo de la CCSS también fue revertido judicialmente. Estas acciones, reflejan un patrón de intervención en entidades autónomas. El nombramiento de Rosaysella Ulloa como gerente general del BNCR el 3 de septiembre de 2024, tras un concurso liderado por Doris Peters & Asociados, fue cuestionado por el Gobierno pese a que una investigación interna no halló irregularidades, según El Financiero.
Contexto de la destitución
La destitución de los directivos —Marvin Arias Aguilar (presidente), Maricela Alpízar Chacón, Ruth Belarmina Alfaro Jara, José Bernal Juan Alvarado, José Manuel Arias Porras, Montserrat Betzel del Carmen Buján Boza y Carlos Rodolfo de Gerardo González Cuadra— se basó en el nombramiento de Ulloa, calificado por el Gobierno como “poco transparente”. Sin embargo, el informe de investigación liderado por Brunner no encontró anomalías. Marvin Arias calificó la acción como “ilegal” y anunció recursos legales, argumentando que la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional otorga a la Junta la competencia exclusiva para nombrar al gerente general.
Nueva Junta Directiva y polémica por un crédito
Inmediatamente tras la destitución, el Consejo de Gobierno juramentó el 28 de mayo de 2025 a una Junta Directiva interina conformada por Anabelle Chaves Soto, María Brenes Quesada, María del Milagro Solórzano León, Noylin Cruz Suárez, Maximiliano Alvarado Ramírez, Rolando Saborío Jiménez y Alejandro Alberto Solórzano Mena. Estos miembros, seleccionados sin un concurso público, asumirán funciones temporalmente hasta que se realice un proceso competitivo para elegir a los directivos definitivos, según lo estipulado por la normativa del BNCR. Sin embargo, la rapidez del nombramiento y la falta de transparencia en la selección de los nuevos directivos han generado críticas de sectores como el Sindicato de Empleados del Banco Nacional (Sebana) y la oposición política.
Durante la juramentation, transmitida en un video oficial que fue posteriormente eliminado de las plataformas gubernamentales pero que circula en redes sociales, el presidente Chaves instruyó a la nueva Junta a investigar un supuesto crédito de $100 millones otorgado a una empresa presuntamente vinculada al “poder político tradicional”. Estas declaraciones han desatado una fuerte controversia por varios motivos:
- Falta de detalles sobre el crédito: El presidente no especificó la identidad de la empresa ni proporcionó evidencia sobre las supuestas conexiones políticas, lo que ha sido interpretado como una acusación vaga que pone en entredicho la integridad del banco. La gerenta general, Rosaysella Ulloa, afirmó en una declaración a Teletica que desconocía detalles sobre dicho crédito, lo que incrementa la incertidumbre y sugiere que la información no fue previamente comunicada a la alta gerencia.
- Acusaciones de injerencia política: Las declaraciones de Chaves han sido calificadas por analistas como una señal de injerencia directa en las operaciones del banco. Un exgerente del BNCR, advirtió que pedir a la Junta investigar un crédito específico sin un proceso formal podría vulnerar la autonomía del banco y comprometer su gobernanza. La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que las decisiones crediticias son responsabilidad técnica de la administración del banco, no de la Presidencia.
- Reacciones de la oposición y el sector financiero: La diputada Andrea Álvarez Marín (PLN) acusó al Gobierno de usar el supuesto crédito como pretexto para justificar la destitución y consolidar el control sobre el BNCR. En X, usuarios han compartido fragmentos del video eliminado, calificando las declaraciones de Chaves como “un intento de manipular la narrativa”. Además, la Cámara de Bancos y Financieras de Costa Rica expresó preocupación por el impacto de estas acusaciones en la confianza del sistema financiero, según un comunicado.
- Contexto del video eliminado: La eliminación del video oficial de la juramentación ha generado especulaciones sobre un intento del Gobierno por mitigar el impacto de las declaraciones de Chaves. Según CRHoy.com, el video fue retirado horas después de su publicación, pero copias compartidas en redes sociales han mantenido viva la controversia. Este incidente ha sido comparado con intentos previos del Ejecutivo de controlar la narrativa pública, como en el caso del Banco Popular en 2022.
- Perfil de los nuevos directivos: Los nuevos miembros de la Junta interina han sido cuestionados por su falta de experiencia en el sector financiero. Según un análisis de Semanario Universidad, al menos tres de los siete directivos no cuentan con trayectoria previa en la banca pública, lo que contrasta con los requisitos de idoneidad establecidos en la normativa del BNCR. Esto ha alimentado las críticas sobre la idoneidad de la nueva Junta para abordar temas complejos como la investigación del supuesto crédito.
Reacciones y cuestionamientos legales
La destitución ha generado un amplio debate sobre la autonomía del BNCR. Expertos como Marvin Carvajal, citado por CRHoy.com, señalan que el procedimiento fue ilegal, ya que el Consejo de Gobierno, recusado del caso, no nombró un cuerpo provisional para manejar la destitución. Sebana exigió acceso al informe de investigación y defendió la estabilidad de los directivos destituidos bajo el artículo 25 de la Ley Orgánica. La oposición, liderada por el PLN, acusa al Gobierno de intentar controlar el banco para favorecer intereses políticos.
Impacto en el Banco Nacional
Con activos por ¢8,45 billones y 153 oficinas, el BNCR es una institución sistémica según la Sugef. Aunque el banco asegura que sus operaciones no se han visto afectadas, exbanqueros advierten que la controversia podría erosionar la confianza internacional en el sistema financiero costarricense. Los antecedentes de intervenciones en el Banco Popular y la CCSS refuerzan las preocupaciones sobre la autonomía institucional.
Implicaciones y perspectivas
La destitución y las declaraciones sobre el crédito reavivan el debate sobre los límites del poder Ejecutivo. Expertos como el constitucionalista Rodríguez, citado por Semanario Universidad, advierten que la acción podría ser anulada por la Sala Constitucional, siguiendo precedentes recientes. Mientras los directivos destituidos preparan acciones legales, el caso pone en riesgo la estabilidad del sistema financiero y la confianza en las instituciones autónomas.