San José, Costa Rica | Un caso que ha generado ondas de choque en la política y los círculos empresariales de Costa Rica ha puesto en el centro de la controversia al canciller Arnoldo André Tinoco. La Fiscalía General de la República ha abierto una investigación preliminar contra el alto funcionario por presunta administración fraudulenta de 4 millones de dólares, fondos que fueron confiados por Dulce María Mejía Casco, una prominente empresaria hondureña y dueña de SMG Comercial S.A., a través de un fideicomiso gestionado por ATA Trust Company S.A., una empresa fundada por André en 2006.
Orígenes del Conflicto
El caso tiene sus raíces en septiembre de 2021, cuando Mejía Casco depositó los 4 millones de dólares en ATA Trust Company S.A. con la expectativa de que la empresa, liderada por André y su hijo Phillip André Sánchez, junto con el asociado Alonso Vargas Araya, administrara y protegiera los fondos. Sin embargo, las tensiones surgieron en 2022 cuando la empresaria solicitó la devolución del dinero, una petición que fue rechazada por ATA Trust. La empresa alegó complicaciones con una tercera entidad involucrada o la necesidad de una orden judicial para liberar los fondos, lo que desató una disputa legal y financiera.
Mejía Casco, al sospechar irregularidades, solicitó una auditoría para revisar el manejo de los fondos, pero ATA Trust se negó a cooperar plenamente, citando razones administrativas. Esta negativa llevó a la empresaria a presentar una denuncia formal ante las autoridades costarricenses, desencadenando la investigación actual. Fuentes cercanas al caso indican que parte de los fondos podría haber sido desviada hacia fines políticos, incluyendo el controvertido fideicomiso Costa Rica Próspera, vinculado a la campaña presidencial de Rodrigo Chaves, actual presidente de Costa Rica.
Desarrollo de la Investigación
La Fiscalía ha iniciado un análisis detallado de las operaciones de ATA Trust, enfocándose en las transacciones realizadas entre 2021 y 2022. Los expedientes también incluyen a Phillip André Sánchez y Alonso Vargas Araya como personas de interés, debido a su rol en la gestión de la empresa. Hasta el momento, no se han presentado cargos formales, pero la investigación preliminar ha generado especulaciones sobre un posible uso indebido de los fondos para financiar actividades políticas o personales.
ATA Trust, por su parte, ha emitido un comunicado negando conocimiento de la denuncia y afirmando su disposición a colaborar con las autoridades. Sin embargo, la falta de transparencia en la gestión de los 4 millones de dólares ha alimentado las sospechas, especialmente dado el perfil público de André como canciller y su historial como empresario.
Contexto Político y Empresarial
El caso adquiere mayor relevancia en el contexto de la administración de Chaves, quien ha enfrentado críticas por la opacidad en el manejo de fondos de campaña. El fideicomiso Costa Rica Próspera, que supuestamente recibió aportes de diversas fuentes, ha sido objeto de escrutinio, y la posible conexión con los fondos de Mejía Casco podría ampliar el alcance de la investigación. Además, la participación de una empresaria hondureña añade una dimensión internacional, lo que podría involucrar a autoridades de Honduras si se confirman irregularidades transnacionales.
Dulce María Mejía Casco, conocida por su éxito en el sector comercial en Honduras, ha mantenido un perfil bajo desde que presentó la denuncia, pero su abogado ha indicado que busca no solo recuperar los fondos, sino también exponer cualquier malversación. “Este no es solo un caso de dinero perdido, sino una violación de la confianza depositada en una empresa que operaba bajo la sombra de un alto funcionario”, declaró el representante legal de la empresaria.
Reacciones y Perspectivas
La oposición política en Costa Rica ha exigido una investigación exhaustiva e imparcial, mientras que el gobierno de Chaves ha evadido comentarios directos, limitándose a señalar que las autoridades judiciales actuarán conforme a la ley. Analistas legales sugieren que, de confirmarse el desvío de fondos, el caso podría derivar en cargos de corrupción y lavado de dinero, con implicaciones significativas para la carrera política de André y la estabilidad del gobierno actual.
Por su parte, la comunidad empresarial ha expresado preocupación por la reputación de Costa Rica como destino de inversión, especialmente si se demuestra que una empresa local abusó de la confianza de un inversionista extranjero. La Asociación Costarricense de Empresas (ACE) emitió un comunicado instando a las autoridades a esclarecer los hechos con rapidez para evitar daños a la imagen del país.
Próximos Pasos
La Fiscalía ha solicitado documentación adicional a ATA Trust y ha citado a testigos clave, incluyendo a los involucrados directos. Se espera que en las próximas semanas se determine si la investigación avanza a una fase formal con imputaciones. Mientras tanto, el caso sigue siendo un tema candente en los medios y las redes sociales, donde los ciudadanos exigen accountability y transparencia.
Este escándalo podría marcar un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en Costa Rica, un país históricamente visto como un modelo de estabilidad en América Latina. La resolución del caso será clave para determinar no solo el destino de los 4 millones de dólares, sino también la credibilidad de las instituciones gubernamentales en un momento de creciente escrutinio público.