San José, Costa Rica / El 5 de agosto de 2025, autoridades de Interpol en Costa Rica capturaron a Hugo Daniel Lemus Herrera, gerente financiero regional y exrepresentante legal de Datasys Group S.A., en el sector de Sabana Oeste, San José, a las 2:00 p.m. La detención se realizó con fines de extradición a Guatemala, donde enfrenta cargos por malversación de fondos, fraude contra la hacienda pública y lavado de dinero, derivados del caso TREP relacionado con irregularidades en un contrato electoral de US$19 millones.
Lemus Herrera, un guatemalteco que residía en Costa Rica desde 2023 tras ser transferido por la empresa debido a recortes de personal vinculados al escándalo, había trabajado en Datasys desde 2017 y fungió como representante legal hasta 2023, antes de asumir el rol de tesorero regional.
La orden de captura fue emitida en junio de 2025 por un tribunal penal guatemalteco, sin una alerta roja de Interpol según alega la defensa de la compañía, que califica el arresto como ilegal y motivado por persecución política.
Tras la detención, Lemus fue puesto a disposición del Tribunal Penal del I Circuito Judicial de Costa Rica para iniciar el proceso de extradición, el cual, a fecha de 18 de agosto de 2025, aún espera respuesta de las autoridades costarricenses, según el Ministerio Público de Guatemala.
Datasys de escandálalo en escándalo:
Este evento ha intensificado el escrutinio sobre Datasys, una empresa costarricense con operaciones en Centroamérica, que ha acumulado acusaciones de corrupción, sobreprecios e irregularidades en licitaciones públicas en varios paises.
En los últimos años, Datasys Group S.A. ha expandido su presencia en el sector tecnológico de Centroamérica, adjudicándose contratos millonarios en áreas como telecomunicaciones, sistemas electorales y seguridad. Sin embargo, esta expansión ha estado marcada por una serie de escándalos que involucran acusaciones de corrupción, sobreprecios, irregularidades en licitaciones y vínculos con figuras políticas. El caso más reciente, la captura de Lemus Herrera, ha reavivado dudas sobre la transparencia de sus operaciones, especialmente en contratos locales como el de la red 5G con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). A continuación, un repaso exhaustivo de los principales cuestionamientos que han rodeado a Datasys.
Guatemala: El Caso TREP Sobreprecios y Lavado de Dinero
Uno de los escándalos más notorios involucra a Datasys en Guatemala, donde la empresa fue contratada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para implementar el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones de 2023. El contrato ascendió a Q148 millones (aproximadamente US$19 millones), un monto considerado exorbitante comparado con sistemas similares en otros países, que costaron alrededor de US$2 millones. Acusaciones de sobrevaloración, fraude y lavado de dinero llevaron a investigaciones por parte del Ministerio Público guatemalteco, que embargó cuentas de Datasys y detuvo pagos pendientes de Q40 millones.
En febrero de 2025, fue capturado Julio Antonio Chocoj, contador de Datasys Guatemala, por estafa y lavado de dinero. El esquema involucró triangulaciones con empresas como Ecorp, que compró computadoras a Datasys por Q56 millones y las revendió al TSE por Q73 millones, generando un sobreprecio de Q17 millones.
Además, se denunciaron subcontrataciones irregulares con firmas mexicanas como Podernet, sin que estas figuraran en las bases de licitación, lo que violó normativas electorales.
Costa Rica: El Contrato 5G en Costa Rica: Irregularidades y Sobreprecios Bajo Investigación:
Datasys ha sido centro de controversia por su adjudicación de contratos durante la administración de Rodrigo Chaves. El más cuestionado es el de implementación de redes 5G con RACSA (filial del ICE), que inició en $3 millones pero aumentó a más de $25 millones en menos de un año, sin justificación clara.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción investiga posibles irregularidades, incluyendo sobreprecios de hasta $82 millones y exclusión de competidores como Huawei.
Críticos señalan que el gobierno favoreció a Datasys mediante «contratos secretos» y «favores políticos», excluyendo ofertas más económicas de Huawei por presuntos conflictos de interés. Un medio local, vinculado al dueño de Datasys (Carlos Valenciano), impulsó un escándalo contra diputadas que defendían la oferta china, lo que facilitó la adjudicación a Datasys. La empresa defiende su transparencia, alegando cumplimiento de parámetros legales.
Otros contratos en Costa Rica incluyen $66 millones con entidades como ICE, CCSS y RACSA, más un pago de $2,4 millones por 100.000 licencias de software Cisco-Umbrella.
Datasys también propuso carpas para cárceles al Ministerio de Justicia, un giro inusual para una firma tecnológica, contactando directamente al ministro, con un costo estimado en más de ₡3.000 millones, aunque el plan fue rechazado por inviable.
Sospechoso crecimiento exponencial
Este «crecimiento exponencial» bajo el actual gobierno ha sido calificado como «red de favores» que desmantela instituciones públicas. Adicionalmente, la Fiscalía investiga al diputado Gilbert Jiménez por vínculos con Datasys en un contrato público que la empresa ganó tras reclutar a un empleado que creó las bases de licitación. La empresa enfrenta riesgos de embargo por irregularidades en adjudicaciones electorales.
Escándalos en Otros Países: Un Patrón de Irregularidades
Datasys ha sido sancionada en Honduras por incumplir contratos por más de US$333.000, careciendo de experiencia en auditorías electorales. En Colombia, fue denunciada por la senadora María Fernanda Cabal por fraudes similares en software electoral, con vínculos a Thomas Greg & Sons y acusaciones de tráfico de influencias.
Estos escándalos pintan un patrón de corrupción transfronteriza, con sobreprecios, subcontrataciones irregulares y proximidad a gobiernos. En Costa Rica, la detención de Lemus ha intensificado dudas sobre los contratos locales, incluyendo el 5G, que podría implicar pérdidas millonarias para el Estado.
Autoridades como la Contraloría General de la República y la Fiscalía continúan analizando evidencias, mientras analistas exigen auditorías independientes para proteger el erario público. Datasys, por su parte, ha negado vinculaciones directas con los casos, calificándolos como «asuntos personales» de empleados.
Como podemos ver la detención del gerente financiero regional de Datasys en Costa Rica bien podría ser solamente la punta de un Iceberg que comienza a resquebrajarse.