San José, Costa Rica / Partido de Laura Fernández postula en el puesto 1 por Alajuela a un candidato con una deuda con la CCSS superior a los 300 millones de colones, que da defendido narcotraficantes en su ejercicio como abogado.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO), identificado como el nuevo “partido taxi” del chavismo para mantenerse en el poder de cara a las elecciones de 2026, otorgó la candidatura número uno por la provincia de Alajuela a José Miguel Villalobos Umaña. Se trata de su abogado defensor en el caso BCIE-Cariñitos, a quien la candidata oficialista Laura Fernández Delgado también respalda.
La candidatura de privilegio se le concedió a pesar de que Villalobos enfrenta múltiples cuestionamientos: destaca una deuda de ₡307.681.687 con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), actualmente en etapa de cobro judicial, pese a que él aseguró —hace casi un año— que prefería enfrentar un juicio antes que pagar la deuda
Desde entonces, el candidato ha evitado declaraciones directas respecto al tema y opta por mantener el asunto dentro de su ámbito privado.
Pero la deuda con la CCSS no es el único señalamiento en su contra. Villalobos también es defensor de José Giovanni Segura Angulo, acusado como cabecilla de una compleja red de lavado de activos en el caso Fénix, que habría movilizado hasta 17 millones de dólares a través de negocios diversos.
Asimismo, el Tribunal Penal de Goicoechea lo apartó del caso Trocha Fronteriza al declararlo en situación de “abandono de defensa”, luego de ausentarse del juicio en al menos tres ocasiones.
El Colegio de Abogados también registra suspensiones y denuncias contra Villalobos. En enero de 2025 fue suspendido por no realizar trabajo profesional y se le ordenó devolver $5.000 a una clienta. Más recientemente, un matrimonio solicitó una investigación formal y la devolución de $10.000 por un supuesto incumplimiento contractual.
Finalmente, Villalobos fue uno de los asesores del fallido proyecto de ley “Jaguar”, impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves Robles, cuyo objetivo era recortar las funciones de fiscalización de la Contraloría General de la República.