San José Costa Rica / La Contraloría General de la República (CGR) emitió un dictamen crítico sobre los estados financieros consolidados del Gobierno de la República correspondientes al periodo 2024, señalando deficiencias sustanciales en su presentación y cumplimiento con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP).
El informe, remitido al Ministerio de Hacienda, advierte que la información carece de la confiabilidad necesaria para reflejar con precisión la situación financiera del país, lo que afecta la rendición de cuentas y limita la toma de decisiones basadas en datos claros.
Principales hallazgos
La auditoría identificó inconsistencias de gran magnitud entre los registros del Poder Ejecutivo y los de instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF):
- Una diferencia de ₡3,24 billones en las cuentas por cobrar y deudas reportadas por la CCSS frente a lo que registra el Gobierno.
- Un desajuste de ₡1,02 billones menos en la deuda reconocida con el FODESAF.
Asimismo, se detectaron errores en la contabilidad de bienes estatales, tanto concesionados como no concesionados, valorados en ₡17,4 billones. Entre ellos, la ausencia de registro de al menos 3.554 terrenos de centros educativos, 23 carreteras sin contabilizar, y ₡979.027 millones en infraestructura vial que no se actualiza desde 2015.
La CGR también advirtió que más de ₡5,79 billones en transacciones y saldos entre entidades no fueron eliminados de forma correcta, lo que genera inconsistencias e incluso posibles doble contabilizaciones.
Riesgos para la transparencia
El órgano contralor subrayó que los estados financieros no declaran apego a las normas internacionales ni incluyen el Estado de Situación Financiera de Apertura, lo que debilita la solidez de la información reportada.
Según la CGR, estas deficiencias comprometen la capacidad del Estado para ofrecer transparencia sobre sus finanzas, afectan la credibilidad de la información pública y ponen en riesgo la adecuada toma de decisiones en materia de política fiscal y de gestión de recursos.