San José, Costa Rica | La Fiscalía General de la República de Costa Rica presentó una acusación formal contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, la diputada y jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros, el vicepresidente Stephan Brunner, el canciller Arnoldo André, y los legisladores Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alpízar, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2022 que llevó a Chaves al poder. La acusación, respaldada por un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), señala la operación de estructuras paralelas de financiamiento que habrían violado el Código Electoral, incluyendo el uso del fideicomiso “Costa Rica Próspera” y una cuenta bancaria a nombre de Sofía Agüero, hija del diputado Waldo Agüero.
Detalles de la Acusación
El informe final del TSE, identificado como IDI-DFPP-007-2024, detalla que el PPSD habría recibido donaciones de personas físicas, jurídicas y extranjeras a través de un “esquema opaco, clandestino y oscuro” que evadió los controles oficiales del TSE. Según el documento, el fideicomiso Costa Rica Próspera, administrado por Arnoldo André a través de su firma ATA Trust Company, y una cuenta bancaria manejada por Sofía Agüero, canalizaron al menos ₡372 millones (aproximadamente $720,000) sin reportarlos al TSE, incumpliendo los artículos 120, 122, 125, 126, 127, 128 y 129 del Código Electoral. Estas acciones podrían constituir delitos electorales con penas de hasta seis años de prisión.
El fiscal general, Carlo Díaz, solicitó el levantamiento de la inmunidad de los acusados, ya que varios ocupan cargos en los Supremos Poderes, para que puedan ser procesados. La acusación se fundamenta en una investigación de tres años iniciada en diciembre de 2021, que incluyó el levantamiento del secreto bancario y tributario de los involucrados, autorizado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Entre los hallazgos, se identificaron transferencias de fondos desde empresas extranjeras a cuentas asociadas a Jack Loeb Casanova, financista de la campaña, así como donaciones no reportadas de origen desconocido por ₡95 millones.
Reacciones y Contexto
El presidente Chaves ha calificado las investigaciones como una “persecución política” y describió el informe del TSE como un “borrador de un borrador”, criticando su filtración a la prensa. En febrero de 2024, una comisión legislativa ya había concluido que Chaves fue el “autor intelectual” de las estructuras paralelas, una acusación que el mandatario tildó de “nefasta” y “un circo”. Por su parte, el PPSD ha defendido que el fideicomiso fue cerrado antes del inicio oficial de la campaña y que los fondos se destinaron a un grupo de pensamiento, no a actividades electorales directas.
La Fiscalía también investiga a otras personas relacionadas, incluyendo a Sofía Agüero, Calixto Chaves Zamora, Federico Cruz Saravanja, y financistas como Jack Loeb y Erick Quesada. Los delitos imputados incluyen financiamiento ilegal de partidos políticos (artículo 273), contribuciones privadas no autorizadas (artículo 275), y posible legitimación de capitales, según denuncias presentadas al TSE.
Implicaciones
Este caso representa un nuevo capítulo en las tensiones entre el Ejecutivo y el Ministerio Público, especialmente entre Chaves y el fiscal general Carlo Díaz. La acusación se suma a otras investigaciones contra el presidente, incluyendo una por presunta concusión relacionada con un contrato con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Si la Asamblea Legislativa aprueba el levantamiento de la inmunidad, Chaves y los demás acusados podrían enfrentar un juicio penal, un hecho sin precedentes en la historia reciente de Costa Rica.
El proceso ahora pasa a la Corte Plena y la Asamblea Legislativa, donde se decidirá si se procede con la suspensión de inmunidad de los involucrados. Mientras tanto, la Fiscalía continúa recopilando pruebas para determinar si hay méritos suficientes para formalizar cargos penales.