Dom. Ago 10th, 2025

Gobierno rastrearía opositores con la DIS e incluso sus propios diputados

Manuel Morales, diputado oficialista, ha desatado una controversia en los últimos días al revelar el hallazgo de un dispositivo GPS en el vehículo de una persona cercana, presuntamente instalado por la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), generando un intenso debate sobre la vigilancia estatal y la privacidad en el país.

El 12 de junio de 2025, el diputado Manuel Morales, del oficialista PPSD, presentó un dispositivo GPS durante una sesión de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa, afirmando que fue encontrado en el automóvil de una persona allegada. Según Morales, el rastreador sería parte de las tácticas de vigilancia empleadas por la DIS, lo que ha levantado serias preguntas sobre la legalidad y el alcance de las operaciones de inteligencia en Costa Rica. La denuncia, publicada inicialmente por La Nación, ha sido ampliamente discutida en redes sociales, con posts en X que destacan imágenes del dispositivo y amplifican las acusaciones del legislador.

El incidente ocurrió mientras Morales interrogaba a un funcionario de la DIS en la comisión legislativa, lo que añade un elemento de dramatismo a la situación. Según el diputado, el GPS fue descubierto de manera fortuita, y su hallazgo coincide con un contexto de creciente preocupación por la transparencia en las actividades de inteligencia. Morales exigió respuestas al director de la DIS Hans Sequeira sobre el uso de dispositivos de rastreo y si estos se emplean sin autorización judicial, lo que podría violar los derechos de privacidad garantizados por la Constitución costarricense.

Ni el primer, ni el único caso

Este caso no es aislado. En Costa Rica, bajo el gobierno de Rodrigo Chaves, se han reportado otros incidentes de presunto acoso a opositores y periodistas. En octubre de 2023, el informe Freedom on the Net de Freedom House acusó al gobierno de Chaves de “acosar” a periodistas y críticos, destacando el caso de la exministra de Salud, Joselyn Chacón, quien pagó a un trol en redes sociales para atacar a opositores y medios. Además, el presidente ha descalificado públicamente a medios como La Nación, prometiendo “destruir” sus estructuras, lo que ha generado un clima de intimidación.

En 2024, la diputada Johana Obando denunció haber sido seguida y vigilada, presentando pruebas que, según ella, apuntan al gobierno. Aunque algunos desestimaron sus acusaciones, el caso del GPS de Morales ha reavivado estas preocupaciones. Asimismo, opositores como Andrea Álvarez y Sofía Guillén han recibido amenazas de muerte, mientras que el fiscal general Carlo Díaz y la contralora Marta Acosta también han denunciado mensajes intimidatorios, en un contexto de tensiones con el Ejecutivo.

Implicaciones y Demandas de Transparencia:

Expertos en derechos humanos consultados señalan que el uso de dispositivos GPS sin orden judicial es ilegal en Costa Rica y podría constituir una violación grave de los derechos fundamentales. La Defensoría de los Habitantes anunció que evaluará el caso para determinar si procede una investigación formal. Por su parte, el director de la DIS, aún sin emitir una declaración oficial sobre este incidente, enfrenta presión para esclarecer las operaciones de la institución.

El caso también pone en relieve la necesidad de una reforma en la regulación de la inteligencia estatal. Organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) han instado al gobierno a establecer mecanismos de rendición de cuentas más robustos para evitar abusos. En un país reconocido por su democracia sólida, este tipo de acusaciones generan alarma y podrían erosionar la confianza ciudadana en las instituciones.

El hallazgo de un GPS en el vehículo de una allegada al diputado Manuel Morales ha encendido las alarmas sobre posibles prácticas de espionaje por parte de la DIS en Costa Rica. Mientras las autoridades y la sociedad civil exigen respuestas, este escándalo subraya la importancia de proteger la privacidad y garantizar la transparencia en las operaciones de inteligencia. La investigación en curso será clave para determinar si se trata de un caso aislado o de una práctica más extendida, con implicaciones significativas para la democracia costarricense.

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Por Redaccion

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