San José, Costa Rica / Una nueva controversia sacude al presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, tras las declaraciones de Carlos Vásquez, tesorero del Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien afirmó haber asumido su cargo “por pedido de don Rodrigo” durante la asamblea nacional del partido el 1 de junio. Estas palabras han desatado una investigación solicitada por el Partido Liberación Nacional (PLN) al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para determinar si Chaves incurrió en beligerancia política, una práctica prohibida por la Constitución y el Código Electoral. Además, una sanción administrativa del Banco Mundial por acoso sexual, ratificada por la Sala Segunda y la Procuraduría General, restringe la participación de Chaves en actividades políticas, lo que complica aún más su situación legal.
Las declaraciones de Vásquez y la respuesta de Chaves
En la asamblea del PPSO, Vásquez, exdirector del fideicomiso Costa Rica Próspera, afirmó que su designación como tesorero fue solicitada por “don Rodrigo”. Aunque inicialmente se asumió que se refería al presidente Chaves, la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, y el secretario general, Francisco Gamboa, aclararon que el comentario aludía a Rodrigo Vargas, un personero del partido, y que la solicitud ocurrió hace cuatro años, antes de que Chaves fuera candidato presidencial por el Partido Progreso Social Democrático (PPSD).
Chaves confirmó haber hablado con Vásquez en ese periodo, cuando exploraba opciones políticas tras dejar el Ministerio de Hacienda, pero negó cualquier influencia actual en el PPSO o en la elección de Vásquez como tesorero. “No tengo ninguna relación con las decisiones de ese partido”, afirmó el presidente en una declaración pública, según reportó CRHoy.com.
El artículo 9 de la Constitución Política y el artículo 146 del Código Electoral prohíben al presidente participar en actividades político-partidarias, bajo pena de sanciones por beligerancia política, que podrían incluir la suspensión de derechos políticos por hasta cuatro años. La designación de Vásquez, un exaliado de Chaves en el fideicomiso Costa Rica Próspera, y la participación de Francisco Gamboa, exministro de Chaves y actual secretario del PPSO, en un cargo directivo mientras trabaja en el Banco Nacional, violan además el artículo 29 de la Ley General del Sistema Bancario, según expertos legales citados por La Nación.
El PLN, liderado por Miguel Guillén, presentó un expediente al TSE el 10 de marzo de 2025, exigiendo una investigación sobre los nexos entre Chaves y el PPSO. La solicitud incluye un análisis del fideicomiso Costa Rica Próspera, investigado por el TSE desde 2022 por financiar irregularmente la campaña de Chaves, en contravención del artículo 124 del Código Electoral, que exige que los fondos de campaña se gestionen exclusivamente a través de cuentas bancarias registradas.
Reacciones y contexto político
La oposición, incluyendo al PLN y la Unidad Social Cristiana (PUSC), ha acusado a Chaves de intentar influir en el PPSO como un vehículo para mantener su influencia política de cara a las elecciones de 2026, a pesar de no poder buscar la reelección inmediata. El PPSO, que se declara afín a las ideas de Chaves y ha utilizado frases como “el pueblo soberano con Rodrigo de la mano”, ha sido señalado por su cercanía al gobierno, lo que refuerza las sospechas de beligerancia política.
Por su parte, el PPSO ha intentado desvincular a Chaves de las declaraciones de Vásquez. Ortega y Gamboa insistieron en que el partido opera de manera independiente y que la mención de “don Rodrigo” fue malinterpretada. Sin embargo, la oposición considera que estas aclaraciones no son suficientes, especialmente dado el historial de Vásquez y los antecedentes del fideicomiso.
Implicaciones legales y perspectivas
La investigación del TSE será clave para determinar si Chaves ha violado las restricciones impuestas por su sanción del Banco Mundial o las normas contra la beligerancia política. Si se confirma alguna irregularidad, el presidente podría enfrentar sanciones que van desde multas hasta la inhabilitación para futuros cargos públicos. Además, la Fiscalía General continúa examinando el caso del fideicomiso Costa Rica Próspera, lo que podría derivar en consecuencias penales para Chaves y su entorno.
El caso también plantea interrogantes sobre la transparencia electoral y la separación de poderes en Costa Rica, un país reconocido por su estabilidad democrática. Mientras Chaves atribuye las acusaciones a motivaciones políticas de la oposición, el escrutinio de las instituciones judiciales y electorales será determinante para esclarecer los hechos y garantizar el cumplimiento de la ley.