San José Costa Rica / El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, y el fiscal general, Carlo Díaz, comparecerán ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa encargada de analizar si se debe levantar la inmunidad del mandatario y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, para que enfrenten una acusación penal por presunta concusión. La decisión fue tomada este lunes por los tres diputados que integran la comisión: Daniel Vargas (oficialista), Andrea Álvarez (Partido Liberación Nacional) y Rocío Alfaro (Frente Amplio).
La investigación se centra en un supuesto «plan delictivo» relacionado con un contrato de $300.000 donado por el Banco Centroamericano de Integración Económica para una estrategia de comunicación y monitoreo de redes sociales para Casa Presidencial. Según la acusación presentada por el fiscal general Carlo Díaz el 4 de abril de 2025, Chaves y Rodríguez habrían inducido al productor Christian Bulgarelli a otorgar un beneficio patrimonial de $32.000 a Federico Cruz, conocido como «Choreco», exasesor de campaña de Chaves, para la compra de una propiedad. El Ministerio Público sustenta la acusación con correos electrónicos, contratos, audios, videos y estados de cuenta, entre otras pruebas.
Durante la sesión de este lunes, la comisión también resolvió convocar al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, y otorgar a Chaves y Rodríguez una copia certificada del expediente judicial, con un plazo de diez días hábiles para revisarlo. La comisión tiene 20 días hábiles para presentar un informe al Plenario Legislativo, que decidirá con al menos 38 votos si se levanta la inmunidad de ambos funcionarios, permitiendo que el proceso penal avance en los tribunales ordinarios.
El proceso es histórico, ya que Chaves es el primer presidente en ejercicio acusado de un delito electoral, además de enfrentar dos acusaciones durante su mandato, un hecho sin precedentes desde la fundación de la Segunda República. La acusación también involucra a otros miembros de los Supremos Poderes, como el vicepresidente Stephan Brunner y varios deputados del Partido Progreso Social Democrático, por presuntas irregularidades en el financiamiento de la campaña electoral de 2022.
Por su parte, el abogado defensor de Chaves, José Miguel Villalobos, ha calificado la acusación como una «trama absurda» y desligó a su cliente de un correo clave intercambiado entre Cruz y Bulgarelli. Chaves, quien ha cuestionado en el pasado las investigaciones legislativas como una «pérdida de tiempo», ha señalado que no teme comparecer, aunque insiste en que la autonomía de ciertas instituciones debería limitar su responsabilidad en los hechos investigados.
La comparecencia de Chaves y Díaz ante la comisión promete ser un momento clave en el proceso, que ha generado un intenso debate público y político en Costa Rica. Mientras el oficialismo defiende la inocencia del presidente, la oposición exige transparencia y respeto al debido proceso. El desenlace de este caso podría tener implicaciones significativas para la institucionalidad del país y el futuro político de la administración Chaves.